La Psicología Forense se refiere  a la producción y aplicación del conocimiento psicológico a los sistemas de justicia penal y civil (Bartol y Bartol, 1999).  El término  incluye además diversas psicologías jurídicas que están sujetas a proceso de Evaluación:

  • Psicología Jurídica del Menor,
  • Psicología Judicial,
  • Psicología Policial,
  • Psicología Penitenciaria,
  • Psicología Preventiva del Delito
  • Victimología

El proceso de Divorcio:  Cuando una o ambas partes de la pareja deciden su separación, desde la perspectiva legal,  surgen dos posibilidades: realizarlo por mutuo acuerdo o por la vía contenciosa. Si deciden que es por mutuo acuerdo, los padres pactan las condiciones, tanto en cuanto a situación económica y los hijos.  De no darse esta resolución, nuestro ordenamiento jurídico a través del artículo 777 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, especifica el siguiente procedimiento a seguir: cuando no  existe acuerdo es el juez quien toma la decisión que considere oportuna, cuando existen menores, siempre siguiendo el mejor interés de estos.

Es, en estos casos, cuando se produce una guerra abierta por la custodia del menor. La intervención del psicólogo, independientemente del  momento del proceso en que se produzca, ha de estar encaminada a reorganizar la familia para minimizar las consecuencias negativas que la ruptura familiar suele implicar. Aunque una de las soluciones más factibles para el menor, es la custodia compartida, desde el punto de vista psicológico no es recomendable cuando hay un conflicto abierto, porque en la recogida y toma de decisiones sobre los hijos se opera  bajo esa situación de conflicto.  En este proceso, el psicólogo forense procede a la evaluación de la personalidad de ambos cónyuges y del menor y frente a los resultados aporta el documento pericial , valorando bajo qué condiciones y sobre qué perfil de personalidad será más adecuado establecer la custodia, primando siempre los intereses del menor.

En España, la ley establece como criterio , para otorgar la custodia en casos de separación y divorcio, la defensa del mejor interés del menor. La Ley de 13 de mayo de 1981 (Ley 11/81) y posteriormente la del 7 de julio de 1981 (Ley 30/81), señalaba el derecho  de  ambos  progenitores  a  ejercer  la  patria  potestad,  salvo  causa  grave que determinase la privación de ésta a uno o a ambos. El art. 159 de esa ley disponía que el hijo que tuviera menos de 7 años debería ser confiado necesariamente a la madre. En 1990 se modifica por la Ley 11/90 de 15 de octubre, que proclama la necesidad de la decisión común de ambos progenitores y en caso de existir discrepancias la decisión del juez, siempre en beneficio de los intereses de los hijos menores, debiendo oír siempre a los niños que tuvieran suficiente juicio o en todo caso más de 12 años, antes de la adopción de la medida. La ley persigue el mejor interés del niño, confiando la custodia del menor a aquel progenitor que más se adapte a las necesidades de los niños.

Violencia de Género: